1602 / 2158
1602
entities of population censuses such as the Beneficiary Potential System for Social Programs
(SISBEN) in charge of guaranteeing the fulfillment of the rights of the most vulnerable population of
the country, with emphasis on health conditions. The propousal is cuantitive analyzed about the The
annual state investment for housing in relation to the annual investment in public health, to develop
strategies for design and comprehensive improvement of housing, oriented to bioclimatism and
human factors, for the prevention of unsanitary residential conditions, aimed at a sustainable
systemic balance, For the social, environmental and economic charges that public health represents
for the State.
1. INTRODUCCIÓN
El entorno climático es uno de los principales factores que determinan la relación entre arquitectura
y habitabilidad, para la construcción de viviendas que deben brindar confort y seguridad a la
población, promover hábitos saludables y posibilitar un ambiente construido propicio, para un
desarrollo sostenible sistémico. En el caso de países tropicales como Colombia, la estabilidad
climática de su territorio no presenta más de 18°C de variación, entre las temperaturas mínimas y
las máximas diarias promedio, durante todo el año, con humedades relativas medias entre 60% y
80%, y periodos alternados de lluvia y tiempo seco con variaciones mensuales a lo largo del año.
En el caso de la ciudad de Medellín, contexto geográfico de esta investigación, su localización a
1500 msnm determina un clima andino tropical templado, con temperatura mínima promedio de
17°C, media diaria de 24°C y máxima promedio de 32°C.
Este favorable entorno climático posibilita que la arquitectura pueda ofrecer altos niveles de
habitabilidad, sin mayores inversiones materiales y energéticas, frente condiciones de temperatura,
humedad del aire, iluminación y ventilación natural, a partir de proyectos arquitectónicos que
integren premisas de diseño pasivo, con sistemas bioclimáticos y sostenibles. Pero en la realidad
del contexto colombiano, la población de escasos recursos no puede acceder a proyectos de
vivienda con calidad urbana y espacial, porque los desarrollos que promueve el estado, no ofrecen
garantías mínimas de habitabilidad, por tratarse de una política de asistencia, basada en la
eficiencia del recurso económico y material, con proyectos distantes de ser considerados como
arquitectura. (AMVA – UPB 2015)
Desde que la población urbana sobrepaso la rural, hace ya cinco décadas, se ha hecho necesario
para Colombia la formación de entidades, programas e instrumentos para la adopción de políticas
que velen por el bienestar de los habitantes en términos de salubridad, y que promuevan el derecho
a la vivienda digna como base fundamental de la constitución política colombiana. Algunas de las
leyes que reglamentan la distribución de recursos en Colombia son:
•
la Ley 1679 de 2015, La Ley 1150 de 2007 encargadas de la planeación y distribución de
los recursos económicos en el sector de la salud.
•
Ley 1448 de 2011, ley 1537 de 2012 garantes de mantener como principio el derecho a la
vivienda digna, incluyendo a el sector de escasos recursos de la población, víctimas de la
violencia.
Tanto el sector residencial como el sector de la salud, pretenden tener un sistema incluyente en
donde se promueva el bienestar común, pero el estado no cuenta con una gestión adecuada de los
recursos, que permita asumir de manera responsable los retos futuros que se aproximan para el
país. Entretanto, las entidades estatales encargadas de la salud y el sector residencial, permanecen
alejados de este entorno social, debido a un desarrollo orientado al servicio del sector privado,