269 Derechos y progreso tecnológico: pasado, presente y futuro Nosotros hemos defendido recientemente que este derecho debe tener rango constitucional (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2020, p. 171). Su relevancia en el entorno actual y su propia transversalidad así lo aconseja. En concreto, lo que propusimos era introducir en España un artículo constitucional que contemplase ese derecho y el de acceso universal (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2020, p. 211-212). 4.2. Derecho de acceso e igualdad Otro ejemplo sería el derecho de acceso, que también puede verse como derecho a Internet. En este caso, lo podemos concebir como la facultad que tiene toda persona de usar los diversos servicios del mundo digital (lo que podríamos resumir como ciberespacio) independientemente de sus particularidades condiciones. De lo que se trata es de garantizar un correcto uso de estos espacios digitales, comenzando por asegurar un acceso de calidad y sin discriminación. En España el art. 81 de la aludida Ley Orgánica 3/2018 aborda el derecho de acceso universal a Internet, para lo que se contemplan diversos extremos. En los dos primeros puntos se reconoce este derecho de acceso independientemente de la condición personal, social, económica o geográfica; y se garantiza un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. Esta cuestión ha adquirido notoria relevancia en la pandemia del COVID-19 de 2020 pues el confinamiento que en parte ha supuesto obligó a realizar un elevado número de actividades online . La posibilidad de llevarlas a cabo de manera efectiva dependió lisa y llanamente de tener una conexión de calidad. En el tema educativo lo dicho adquiere especial intensidad habida cuenta la importancia y esencialidad de tal tema en un sistema democrático. En este sentido, en España ya se ha estudiado esta brecha de conectividad en el ámbito educativo evidenciándose que no todos los territorios (comunidades autónomas) gozan de la misma calidad de conexión (SOTO VARELA; SANZ PRIETO; BOUMADEN HAMED, 2020), lo que, añadimos nosotros, se convierte en un grave problema para la igualdad material y la calidad educativa. Este derecho trata de enfrentarse a uno de los principales problemas del desarrollo tecnológico de estas décadas, la brecha digital, que tiene varios orígenes, generacional, territorial, socioeconómico o de
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